Las recomendaciones de la Comisión Europea a España son las siguientes:
Esfuerzo presupuestario. Se propone un esfuerzo fiscal por encima del 1,5% del PIB para el periodo 2010-2013, mediante la aplicación de las medidas adoptadas en el presupuesto para 2012 y la adopción, antes de finales de julio, de las previstas en el plan plurianual 2013-2014. Hay que tomar medidas adicionales a nivel regional y aplicar lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria en lo relativo a transparencia y control de la ejecución del presupuesto. Se propone además establecer una institución fiscal independiente para el análisis y seguimiento de la política fiscal y para estimar el impacto de la legislación propuesta sobre el presupuesto.
Acelerar la reforma de las pensiones. La Comisión Europea considera que el deterioro de las perspectivas económicas españolas está limitando los efectos de la reforma de las pensiones aprobada en 2011 sobre el gasto público que se deriva del envejecimiento de la población. Por eso es necesario acelerar el aumento de la edad legal de jubilación y la introducción del factor de sostenibilidad previsto en la reforma. Igualmente recomienda apoyar la Estrategia Global de Empleo para los trabajadores mayores con medidas concretas de formación permanente, mejora de condiciones laborales y fomento de la reincorporación de este grupo al mercado de trabajo.
Un sistema tributario más favorable al crecimiento. Se recomienda introducir un sistema tributario coherente con los esfuerzos de saneamiento fiscal que apoye el crecimiento, reorientando la presión fiscal desde el trabajo hacia el consumo y las actividades perjudiciales para el medio ambiente. Concretamente, la Comisión propone aumentar la base imponible del IVA y disminuir el sesgo que provoca el sistema tributario en favor del endeudamiento y de la vivienda en propiedad, en detrimento del alquiler.
Avanzar en la reforma del sector financiero. La Comisión considera que España ha realizado considerables avances en la restructuración de su sector financiero y ahora debe proseguir para resolver la situación de los bancos inviables y garantizar que los bancos viables sean proveedores de crédito a la economía real de forma sostenible. Es necesario presentar una estrategia para abordar el problema de los “activos heredados” en los balances de los bancos y definir una clara actuación en materia de financiación y utilización de mecanismos de protección.
Complementar la reforma laboral con políticas activas de empleo. Debe realizarse un seguimiento de la reforma laboral aprobada por el gobierno, sobre todo, en lo que se refiere a la evolución de los salarios y la reducción de la segmentación del mercado laboral. Para conseguirlo, la reforma debe complementarse con una revisión más a fondo de las políticas activas del mercado de trabajo, de forma que mejore el empleo, la formación, el asesoramiento y la relación entre oferta y demanda, reforzando la coordinación entre los servicios públicos de empleo nacionales y regionales.
Reasignar fondos para sectores de crecimiento y competitividad. Las PYMES, la investigación, la innovación y la juventud tienen que tener un mejor acceso a la financiación, por lo que se hace imprescindible revisar las prioridades de gasto y reasignar fondos. El Plan de Acción destinado a los jóvenes, que incluye contratos de aprendizaje y formación, tiene que aplicarse sin demora para combatir el alto nivel de empleo juvenil y las tasas de abandono escolar. Es necesario mejorar la calidad de la educación y la formación profesional y su adaptación a las necesidades del mercado de trabajo.
Medidas específicas para combatir la pobreza. El número de personas en riesgo de pobreza se situó ya en 2010 en 1,1 millones y la pobreza infantil se sitúa en una proporción alarmante del 26,2%, mientras la tasa de pobreza entre los trabajadores temporales es el doble de la de los trabajadores permanentes. Ante esa situación, la Comisión propone tomar medidas específicas que aumenten la eficacia del apoyo a la infancia y mejoren la empleabilidad de los grupos vulnerables.
Liberalizar los servicios profesionales. En España los servicios profesionales siguen protegidos frente a la competencia y la Comisión considera que una reforma del sector podría aumentar el PIB potencial dado que representan un importante insumo para otros sectores de la economía. Debe prestarse especial atención a la supresión de los obstáculos injustificados y desproporcionados que dificultan el acceso a algunas profesiones altamente reguladas (por ejemplo, notarios, registradores de la propiedad y secretarios judiciales).
Por otro lado, España es el país de la UE en que una empresa tarda más en obtener su licencia de actividad. La falta de coordinación entre las administraciones locales, autónomas y central ha dado lugar a una proliferación de normas que a veces se superponen y a una segmentación del mercado interior español. El ajuste de los grandes desequilibrios externos requiere facilitar las actividades exportadoras. España también afronta múltiples y complejos retos en el sector energético que constituyen un serio impedimento para un funcionamiento eficaz de los mercados de productos y servicios.
La Recomendación del Consejo sobre el programa nacional de reforma 2012 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015, ha sido publicado por la Comisión Europea con fecha 30 de mayo de 2012.